Masacres, torturas, ejecuciones, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y abuso sexual fueron las herramientas usadas por los golpistas para romper el orden constitucional e instalar un régimen de facto luego de derrocar a Evo Morales.
Por Mariano Vázquez | A pesar de la persistente tarea de desinformación y manipulación de la verdad por parte de la prensa hegemónica y la derecha política, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó tras ocho meses de investigación que hubo “graves violaciones a los derechos humanos” tras las elecciones generales de octubre de 2019 que derivaron en el golpe de Estado contra Evo Morales y la instalación de un régimen ilegal y de facto encabezado por Jeanine Añez.
El politólogo Fernando López Ariñez resumió en este tuit como el periodismo mainstream y la casta política de derecha instaló un relato obsceno de criminalización de la protesta y la resistencia al quiebre institucional. El racismo y la violencia se instalaron en la tapa de los diarios, en el telediario y en la impunidad de las redes sociales. Las víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal fueron tratadas como bárbaras, no solo fueron asesinadas y ejecutadas, también humilladas y estigmatizadas.
Junto a las fuerzas de seguridad actuaron grupos de choque, como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista, que atacaron impunemente a personas y bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía. Se erigieron en grupos paraestatales amparados por el poder de turno.
El GIEI constató “casos de violencia sexual y violencia en razón de género, mujeres aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales, se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas”. Además se dieron casos de “violencia obstétrica”.
Se constataron también torturas y vejámenes psicológicos y racistas cometidos por la policía en contra de personas detenidas, en su mayoría jóvenes e indígenas. Les decían que por su aspecto ellos “no pertenecían a este país”. También se ejerció una violencia xenófoba, especialmente contra las mujeres.
Sobre Añez, hoy presa por sus responsabilidades en el golpe, dice el informe que “llegó al poder eludiendo las normas constitucionales para la sucesión presidencial y persiguió a los opositores con torturas sistemáticas y con ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad”.
Este cruento informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se da cuatro días antes del 50 aniversario del golpe de Estado más extenso de la historia de Bolivia. Lo encabezó Hugo Banzer, duró siete años y derrocó al general nacionalista Juan José Torres, asesinado en 1976 en la Argentina por un Grupo de Tareas de la dictadura. Ante la repetición de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado es necesario reafirmar este grito que no cesa: “¡Dictaduras, Nunca Más!”.
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