Abel Peralta estuvo frente al juez y explicó qué pasó con las manifestaciones que montó en el municipio de 9 de Julio.
Peralta reconoció al juez que es el líder de la agrupación Teresa Rodríguez que vive de eso, que también es albañil y hace changas.
Los delitos
El fiscal Grassi explicó que los delitos por lo cual están investigando a Peralta son el de coacción agravada y atentado contra el orden público en concurso ideal. A sí mismo les endilgan la privación ilegítima de libertad, entendido por los empleados que quedaron dentro del municipio sin poder salir. Esto último en concurso real con el delito de extorsión. Podría quedar detenido, en caso de encontrarse culpable, entre 3 a 10 años de prisión, de acuerdo a la combinación de penas.
Pasaron dos meses del primer ataque contra la Municipalidad de 9 de Julio y recién este miércoles el líder piquetero de la organización Teresa Rodríguez, Elio Abel Peralta de 39 años, se sentó frente al juez de Garantías Diego Sanz, ya que sobre sus espaldas pesan varias acusaciones principalmente la de coaccionar a los suyos para amedrentar al intendente de aquel departamento, Gustavo Núñez, con el fin de obtener beneficios. De las pruebas se desprenden que él amenazaba a quienes no se movilizaban diciéndoles que no cobrarían el plan. Esto fue tomado por la Unidad Fiscal Delitos Especiales quien recabó los primeros indicios para proceder a la acusación formal.
El fiscal Iván Grassi detalló que hubo dos audios de WhatsApp clave. Uno fue el 19 de julio en donde los convocaba a una primera movilización que de hecho se dio sobre la explanada de ese municipio, pese a que ya había sido público su accionar. Sin embargo, Núñez le prometió una reunión para escucharlo y con eso logró tranquilizar las aguas. Aunque una denuncia en contra de Peralta lo dejó bajo la mirada atenta del Ministerio Público Fiscal que empezó a pergeñar la forma de encontrar esas pruebas para sentarlo en el banquillo.
De acuerdo a lo que contó Peralta en la audiencia – debido a que aprovechó su momento para ser oído por el juez – el encuentro con el primer mandatario municipal fracasó. Ahí fue cuando hubo otro audio durante la jornada del 11 de agosto en donde invitaba a los referentes del movimiento, que tiene asiento en aquel departamento aunque se extiende por todo el país, a cortar los accesos del edificio principal justamente al otro día. Esto fue entendido por la fiscalía como una privación ilegítima de la libertad para algunos trabajadores de ese organismo que se vieron imposibilitados de entrar y salir del municipio.
Grassi pidió a Sanz algunas medidas coercitivas para evitar el entorpecimiento en la investigación o su peligro de fuga. El piquetero deberá ir una vez por semana a la Comisaría 31º y tendrá impedida la salida del territorio provincial, a menos que solicite alguna autorización especial. Sin embargo, no solicitaron prisión preventiva por lo tanto seguirá en libertad a la espera del juicio. Estas medidas se mantendrán vigentes durante el año que dure el proceso.
El abogado de Peralta, Omar Quiroga, aceptó los términos y condiciones impuestos por Fiscalía. Casi no hizo objeción. Es más, en el momento de hablar lo miró al fiscal para preguntarle por los plazos que había solicitado con anterioridad. Ahí el juez pidió un cuarto intermedio para decidir.
Cuando regresó Sanz trajo una sorpresa, sobre todo para el fiscal Grassi. Avaló todo lo que había pedido, pero el titular de la UFI solicitó que Peralta no participara en movilizaciones contra organismos públicos de toda la provincia, aunque el juez solamente lo circunscribió al ámbito de 9 de Julio. Sin hacer lugar a lo pedido por el fiscal, el magistrado le propuso que si llegara a presentarse otro hecho de singular característica en otro sector podía solicitar una nueva audiencia para rever este punto. El encuentro judicial concluyó con la notificación de partes.
FUENTE: DIARIO HUARPE
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