Según publicó Infobae, la Procelac comenzó una investigación de oficio y empezó a encontrar indicios de que el mail recibido tenía datos certeros: varios autos de alta gama, entre ellos un Jaguar y un Mercedes Benz, tres inmuebles de dimensiones y valuaciones muy importantes (uno en Vicente López donde funciona la empresa de representación deportiva, De Nueve, otro en Caballito que sería su domicilio particular y un tercero en San Juan), cuentas en distintos bancos y un nivel de vida en general que no se condecía con su situación tributaria.
Con todos estos indicios, se realizó la denuncia judicial que recayó en la fiscalía federal 2 de San Fernando a cargo del doctor Rodolfo Fernando Domínguez y del juzgado 1, al mando de Sandra Arroyo Salgado. El fiscal empezó a trabajar, encontró consistencias entre lo que tenía la Procelac y la denuncia original y el 20 de marzo de 2020 imputó a Uriel Pérez por evasión impositiva y lavado de dinero. Pero no se quedó sólo con él, como se hizo trascender el día miércoles. También imputó por los mismos delitos a los jugadores transferidos y por esos mismos delitos más administración fraudulenta a los directivos de los clubes que participaron en los pases y también a los funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino.
Un combo completito que al estar metido el dinero mexicano que muchos sospechan proviene del narcotráfico, tranquilamente podría llamarse el Cartel del Gol, remedando una investigación de la prensa mexicana. Y la causa, que es una caja de pandora, está en pleno trámite con exhortos a Estados Unidos por las cuentas en el exterior, con investigación sobre empresas off shore utilizadas presuntamente para esconder ganancias, y con la mira puesta en lo que puedan aportar las autoridades mexicanas. De mínima, se investiga la subfacturación de transacciones de jugadores y lavado de dinero de ese rubro con perjuicio para el fisco argentino. De máxima, la inclusión de capitales espurios para la compraventa de jugadores. Sí, una causa explosiva.
Los pases que se le endilgan a Uriel Pérez de manera presuntamente delictiva, sobre todo al fútbol mexicano, son los de Emanuel Gigliotti, Maximiliano Meza, Jesús Méndez y Federico Mancuello (cuando estaban en Independiente), Jonathan Maidana cuando se fue de River, Enrique Triverio (desde Unión) y Nicolás Sánchez (vendido por Racing). La denuncia también incluye pases de varios otros jugadores, pero al no encontrar en principio pruebas con un grado alto de certeza, la Justicia los tiene en stand by.
Lo cierto es que el fiscal había pedido en 2020 los allanamientos de todos los inmuebles de Uriel Pérez más los clubes que habrían participado en la maniobra, pero la jueza recién se los concedió esta semana. Allí se llevaron todos los papeles de los registros de los pases para compararlos con las informaciones que tienen, más dispositivos electrónicos como cámaras de seguridad para ver quién entraba y salía de la oficina de De Nueve, teléfonos celulares para analizar mensajes de Whatsapp y computadoras para ver todos los archivos y mails.
En la hipótesis de trabajo de los investigadores está que el dinero de los clubes mexicanos provenía del narcotráfico y que los clubes argentinos no hicieron los reportes de operación sospechosa que correspondían. Que se pagó mucho más dinero de lo que está asentado en los balances de las instituciones y que el sobrante era repartido entre todos los que participaban de la maniobra.
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