Los cuerpos de agentes provinciales de la Dirección de Conservación, dependiente de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, continúan desarrollando operativos de control y fiscalización de flora y fauna en toda la provincia.
El director de Conservación y Áreas Protegidas, Dardo Recabarren, informó sobre los procedimientos realizados en rutas, caminos, huellas, áreas protegidas y mediante puestos móviles con el objetivo de preservar la fauna y flora local y concientizar sobre la importancia del cuidado del ambiente. En este contexto los agentes realizaron durante los primeros 15 días de enero cinco actas de infracción, por depredación de flora y fauna.
Dos de las actas, fueron labradas por transporte de producto forestal, ambas en el departamento Caucete. En la localidad de Vallecito, fue interceptado un camión en el que eran transportados 4 mil kilos de leña de algarrobo en estado seco, sin la guía habilitante para el desarrollo de la actividad.
En esa oportunidad, la movilidad quedó secuestrada en la Unidad Policial de la zona por falta de documentación. La segunda infracción registrada por transporte de leña que arrojó como resultado el secuestro de 5 mil kilos de algarrobo en estado verde. Todo lo decomisado quedó a disposición del Juzgado de turno.
En cuanto a las aves rescatadas, se trata de tres ejemplares de las especies Pepitero de Collar y Diuca. Los procedimientos en los que se recuperaron las aves fueron realizados en el paisaje protegido Pedernal; en La Rinconada departamento Pocito y en el Sitio Ramsar – Lagunas de Huanacache.
Por otro lado, personal de la Comisaría 14 del departamento Zonda, trasladó hasta el Centro Operativo de la Secretaría, un ejemplar de Halconcito Colorado, que fue encontrado en el interior de Villa Tacú. El ave presentaba un ala fracturada, lesión que le impedía volar, por ello fue trasladada hasta el Faunístico-Centro para la Conservación de Fauna Silvestre.
Recabarren explicó acerca del futuro de las aves “todos los ejemplares de fauna, que la Secretaría de Ambiente rescata en sus procedimientos, comienzan inmediatamente un proceso de rehabilitación, que se realiza en el Faunístico, para luego evaluar la situación sanitaria de cada animal y realizar su liberación en un sitio acorde a sus necesidades y en una época en la que puedan tener garantizado su alimento y su capacidad de adaptación al entorno.”
En ese marco, el funcionario solicitó a la comunidad denunciar este tipo de infracciones a la Ley 606 L, como la captura y comercio ilegal de flora y/o fauna en la Secretaría de Ambiente de la Provincia, la Policía o las áreas de ambiente municipales.
Incendios de pastizales en el Río Jáchal
La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable informa que el pasado 10 de enero a las 16:15 horas, la base operativa con la que cuenta el área en los departamentos de Jáchal e Iglesia recibe un llamado indicando la presencia de fuego en zona del Río Jáchal por la quema de pastizales y vegas.
Pasadas las 17 horas, un equipo de trabajo de la Dirección de Áreas Protegidas se hace presente en el lugar para constatar lo ocurrido. Se procede a labrar el acta correspondiente y se hace un rastrillaje en el lugar, no pudiendo dar con los autores del hecho. Asimismo se detalla que el fuego en el lugar en cuestión se encuentra extinguido y que no representa un peligro para la población, de acuerdo con los cuerpos de agentes de conservación.
La Secretaría de Ambiente insta además a la población a denunciar este tipo de hechos y pide también evitar acciones que afecten el entorno y que podrían agravarse en el contexto de sequía y altas temperaturas que sufre la provincia este verano. Recuerda que la provincia de San Juan cuenta con la vigencia de la Ley 606-L, que tiene por objetivo proteger, conservar y promover el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, de la fauna ictícola, como así también la fiscalización y regulación de actividades en áreas protegidas. Esta ley indica que este tipo de acciones están prohibidas, considerándolas como un delito.
La normativa vigente establece multas económicas y prisión desde dos meses a dos años a quienes atentasen contra el entorno natural.
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