Alberto Fernández, en su discurso de apertura de sesiones parlamentarias que dará el 1 de marzo ante el plano legislativo, anunciará el envío del proyecto definitivo del Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera con el Fondo Monetario Internacional.
La ley, sobre la que extrañamente se conocía quién la votaba y quién no antes que el propio texto, sería tratada en una comisión bicameral que le daría un pronto despacho para que sea aprobada por ambas cámaras. Es casi seguro que ingresará por Diputados para luego ser sancionada por el Senado.
Algunos optimistas confiaban en que se pudiera realizar todo el trámite esta semana, de manera de estar aprobada antes del discurso de Fernández, pero la mayoría de los dirigentes descartaron esa opción por el lapso demasiado breve.
Hoy, en distintos medios, trascendieron algunos elementos fundamentales del proyecto, lo que se llamó la “letra chica”, reclamada por la oposición que, de todas maneras, sin conocerla, ya comprometió su voto positivo.
Entre los puntos centrales se pueden destacar:
–Argentina tendrá 4 años para conseguir el equilibrio fiscal, incluso contemplando un aumento del gasto real.
-Esta suba del gasto real deberá ser controlada con una mejora en “la eficiencia y progresividad del mismo, particularmente en las áreas de asistencia social, ciencia y tecnología e inversión pública”.
–La suba del gasto prácticamente se compensa con la baja de subsidios, que será de 0.6%, contra un 0.5% del aumento del gasto.
-Uno de los puntos que el gobierno reclama como un triunfo en la negociación es que no haya cambios en cuanto al régimen previsional. En países como Costa Rica, por ejemplo, el plan del FMI obligó a congelar salarios públicos y, consecuentemente, jubilaciones y pensiones.
–En lo que si habrá cambios, adelantó el mismo Fernández, es en algunos regímenes especiales (no el de los docentes, como había trascendido generando la alarma sindical) como los de jueces y diplomáticos, que deberían resignar parte del jugoso estipendio del retiro.
-Sin prolongar el tope de edad para jubilarse, el gobierno prometió analizar la manera para dar respuesta a aquellos que quieran seguir trabajando luego de tener la edad requerida para jubilarse. Esto le permitiría al Estado ahorra un buen dinero en pago de jubilaciones, pero tendría como contrapartida negativa el tapón que podría formarse que impediría la entrada de nuevos trabajadores al mercado laboral. Para esto es necesaria, aseguran desde Casa Rosada, una política que genere mucho más empleo registrado.
-Otro punto en el que el gobierno reclama la medalla, y contrapone al caso de Costa Rica, es el aumento que iría dando a trabajadores estatales, atado al crecimiento económico. En el caso del país centroamericano, estos sueldos fueron congelados por exigencia del FMI.
–El ministro de Economía Martín Guzmán ha insistido en que el déficit 0 podría alcanzarse no por el ajuste, sino por el incremento de la recaudación. Para esto se prevé, entre otras medidas, un revalúo de una cantidad de propiedades que podrían aportar al fisco nuevos e importantes ingresos. Sobre este punto se espera un choque con la posición, que adelantó que no votaría el acuerdo si esto dependiera de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes. La medida afectaría a unos 400 mil contribuyentes por un total de 579 mil inmuebles urbanos que son declarados anualmente en el impuesto a los Bienes Personales.
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