¿Qué otra cosa debería defender un legislador por San Juan, o su mandante ciudadano, que no sea el interés económico de su propio distrito, antes que nada?
Tan intrigante acertijo devuelve en el espejo una respuesta impiadosa. Que desnuda cierta desorientación colectiva, producto del hastiante consumo de información ajena, problemáticas ajenas. Un colonialismo interno que impone a todo el país la obligación de vivir la vida cotidiana como si lo hiciera en el conurbano bonaerense.
De tanto escuchar pronósticos del clima o autopistas colapsadas en Buenos Aires en informativos “nacionales”, calles con baches en pleno Caballito, el país completo se forja un destino porteño por imposición. Y termina tomando acciones propias signadas por el consumo de intereses ajenos y centralistas: si las señoras de Palermo empuñaron la cacerola, atrona el país entero.
El acuerdo a los tumbos con el FMI que lleva adelante el gobierno ha expuesto de manera descarnada un par de tópicos insultantes para las provincias pequeñas, sin que nadie haga demasiado esfuerzo para comprender y generando un efecto contagio peligroso.
En la carta de intención alcanzada por Guzmán y el organismo que acaba de ingresar al Congreso existe una cláusula implacable con los subsidios a la tarifa eléctrica. De vigencia absurda: sostiene una parte de la factura por consumo en los sectores domiciliario, sin discriminación de poder adquisitivo.
Es decir, que poco importa si el beneficiario de la ayuda del presupuesto público en una familia necesitada u otra con ingresos por 300.000. Eso es lo de menos, lo que explica la insultante canaleta por la que se evaporan esos recursos públicos.
Más insultante aún es que esos subsidios a los domiciliarios de clases medias y altas sólo opera en el AMBA y en Córdoba y Rosario, los núcleos urbanos más importantes del país. Allí exclusivamente residen los destinatarios de estos recursos que ahora piensan ser recortados, aunque las señales de fastidio alcancen los cafés de la sanjuanina Plaza 25.
Tanta dependencia informativa de los tanques informativos porteños disfrazados de nacionales suelen acarrear semejante confusión: la de no conocer ni siquiera lo que afecta al propio cuero, tan absurdo como salir con paraguas en San Juan si se anuncian chaparrones de Mataderos.
Ya se habían escuchado (interesadas y ocasionales) intenciones de evitar ese canto a la injusticia, tanto por segmentos de ingresos como por las ubicaciones geográfica del beneficio. Desde De la Rúa (el presidente, no el jefe de Gobierno porteño) y sus piruetas presupuestarias, que se habla de evitar que se subsidie la electricidad de un departamento en el acomodado barrio porteño de Caballito, por ejemplo. Ahora se habla se quitar el beneficio a Palermo, Recoleta o hasta Nordelta. ¿Pero cómo?, ¿nadie en el país se pregunta por qué disponen de ellos desde hace tanto tiempo?, ¿nadie cuestiona por qué el tope de gama porteño recibe subsidios que implican transferencia de dinero a los bolsillos, y no en Santa Lucia?
Pasaron años, gobiernos, sanas intenciones sólo pronunciadas, y allí siguen los subsidios a un señor que en apariencia es igual que una familia sanjuanina del barrio Patricias. No lo son: la diferencia es que aquel (el porteño) paga el 20% de lo que paga el señor de Desamparados. Y lo más asombroso es que éste último se queja por el pretendido fin de los subsidios.
Insólito, caso típico de identidad extraviada. Conocer quiénes somos y cuáles son nuestros intereses, lógicamente a defender y preservar antes que los ajenos. Propio de un ADN pendiente para evitar disparos en los pies por no contar con la información adecuada.
La realidad es que en San Juan –y en tantas otras provincias más pequeñas del país- no hay susidios a los consumidores domiciliarios de clases medias y alta. Los fondos públicos destinados a alivianar la tarifa eléctrica de todos los consumidores –los de menor capacidad de pago y los más grandes también- opera en el AMBA (Capital y Gran Buenos Aires) y otras 9 regiones urbanas del país.
Eso implica que la mayoría de las provincias y conglomeraciones del país queda afuera de ese privilegio del que disponen los argentinos de primera, es decir los que viven en las grandes ciudades. En desmedro de los que lo hacen en las más modestas, como San Juan. Lo asombroso es que éstos últimos reaccionan en defensa de los intereses de los primeros y no de los propios, sólo factible ante el sometimiento informativo y cultural del que también son víctimas.
La letra del borrador del acuerdo con el FMI es clara: establece bajar el paso de los subsidios del 2,3% del PBI en 2021 a 1,7% en 2022. Dice en ese entendimiento enviado al Congreso que se pretende cortar el subsidio al primer decil –es decir el 10% del tope de la pirámide social- de esas 10 regiones privilegiadas del país. Para graficar la desigualdad: una familia de San Isidro con ingreso de $500.000 recibe un subsidio de la energía del 50% de su tarifa, mientras una de clase media de Chaco con ingresos de $50.000 no le percibe. Igual, es tan gigante la confusión que habrá que prepararse para escuchar a un diputado por el Chaco –o por San Juan- hablando de tarifazo.
En San Juan, sólo hay subsidios con fondos provinciales que van a la tarifa social, es decir a quienes ganen igual o menos que dos salarios mínimos, calidad en la que están 54.000 personas que consumen por debajo de los 1500 kw. O los electrodependientes, que son otros 86 usuarios. No habrá afectados por el fin de los subsidios, lo que implica que no hay hasta hoy privilegiados.
Algo similar ocurre con los subsidios al transporte público, también bajo la lupa de recorte a instancia del FMI. Y foco de otra grosera imposición portuaria que divide al país en dos. Alcanza con subrayar el costo del boleto: en San Juan llegó a $38,50, mientras en que en el AMBA está clavado en $18 el colectivo y $8 el tren. ¿Y cómo es posible que existan semejantes diferencias para discriminar a un país de primera y otro de segunda? Con los subsidios de fondos nacionales. Es decir, con impuestos recaudados en todo el país, beneficiando sólo al trabajador porteño y enterrando al resto.
En 2021, los subsidios a los colectivos en la ciudad de Buenos Aires arañaron los $15.000 millones, mientras que para todo el interior se destinaron $28.000 millones. Eso hizo que el precio del boleto entre unos y otros fuera tan desigual, como si se tratase de países distintos.
Un estudio de la consultora Equilibra la semana pasada indicó que si no hubiera subsidios, el boleto en el AMBA debería valer 148 pesos si se tiene en cuenta todo el costo. Lo que daría un aumento de más del 1.000%.
En San Juan, estiman que si el boleto no tuviera subsidios también debería superar los 100 pesos. Costos similares, pero con una diferencia relevante: en la provincia, el subsidio que reciben las empresas está compuesto por una parte de fondos nacionales, pero una mayoría de fondos provinciales. En Capital, en cambio, el costo es al 100% cubierto por la Nación, el mismo país al que pertenecen San Juan y el resto de las provincias. Aunque parezca mentira.
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