Un curioso caso tuvo lugar en la justicia penal, después de que un hombre denunciara a la madre de sus hijos por no pagar la cuota alimentaria a pesar de que la Justicia de Familia se lo había impuesto. Fue por ello que la acusó a través de la UFI CAVIG, pero la investigación que se inició en su contra dejó al descubierto detalles que se transformaron en un revés para el denunciante.
Como pocas veces sucede, un padre que se hizo cargo de sus hijos -y no la madre- reclamó por el pago de la cuota que tiene como finalidad colaborar con los gastos de la crianza de los menores, con las intenciones de que la mujer fuera castigada puesto que no cumplía con lo establecido. Es que un fallo en los juzgados de Familia había dispuesto que Érica Aranda depositara todos los meses una suma de 9 mil pesos.
Sin embargo, nunca respetó la medida ya que no contaba con un ingreso fijo que le brindara estabilidad económica, según señalaron las fuentes. Fue por esto que Marcelo González acudió al ámbito penal y sentó un precedente poco común, dado que la mayoría de las personas que denuncian el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar son mujeres. “De 500 denuncias que se reciben, sólo dos han sido hechas por padres; el resto son madres”, indicó una alta fuente judicial.
Tras una conciliación fallida que propició el CAVIG, a través de la Unidad de Análisis Temprano que pretende resolver las problemáticas antes de iniciar procesos judiciales, el caso fue investigado por los fiscales José Tomás Plaza y María Beatriz Vaca Pringles con la sospecha de la configuración del delito que prevé una pena de un mes a dos años de prisión.
Si bien en la sentencia del juez de Familia figuraba que la denunciada no tenía trabajo y que vivía sin luz porque le habían cortado el servicio por falta de pago, los funcionarios del Ministerio Público comprobaron que la situación económica de la mujer era vulnerable y no podía hacerse cargo del fallo judicial.
“No estaba clara que hubiera un dolo por parte de la madre, que no pagara la cuota porque no quería sino porque sus condiciones no se lo permitían”, aseguraron las fuentes que aclararon que tiene que quedar acreditado el delito mediante pruebas concretas y este no era el caso.
A pesar de que el denunciante objetó los argumentos de los fiscales, Aranda fue sobreseída por el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli.
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