El juicio por la causa Vialidad continúa este martes en el Tribunal Oral Federal 2. Durante la segunda jornada, el fiscal Diego Luciani reanudó el alegato que comenzó ayer y afirmó que, “hubo un direccionamiento grosero e inadmisible a favor de Báez”.
Sin la presencia de la vicepresidenta en la audiencia, el Fiscal introdujo la exposición con un repaso de los principios del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. “Se han violado cada uno de los principios en las licitaciones”, dijo. “Hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control. Era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía de lo más alto del Poder Ejecutivo”, afirmó Luciani.
El Fiiscal dijo que se demostró “una connivencia inadmisible” entre Báez y el gobierno de Cristina Kirchner. “Está todo ahí, en los expedientes, por eso decimos que los expedientes hablan, gritan”, afirmó Luciani.
El Fiscal sotuvo ayer que, “una administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa que hace la oferta más conveniente, no al empresario amigo. Nosotros vamos a ver que en 47 de las 51 obras que analizamos esta función la debió cumplir la comisión de estudio de preadjudicación de Santa Cruz. Nos encontramos en condiciones de asegurar que nunca se hizo un análisis real serio y detenido. La enunciación de unos casos burdos que vamos a explicar ahora bastará para explicar y graficar esto. Se actuó con rapidez, con celeridad, en el proceso de licitación. No solo las licitaciones eran una ficción, sino todo lo que pasaba después”.
Hoy se refirió a una serie de licitaciones firmadas en 2006. Una de ellas era la pavimentación de la Ruta 238, tramo Comandante Piedrabuena- Estancia La Julia. Mostró una hoja del expediente de la licitación de esa obra y señaló que la competencia era una ficción: se habían presentado las empresas de Lázaro Báez junto a la firma Gotti (que luego fue absorbida por Austral Construcciones) y la empresa Petersen, Thiele y Cruz, esta última como un “gesto de cortesía” para hacer ofertas por montos mayores y quedar descalificada.
“Es muy fácil deducir que no había competencia. Competían solo las empresas de Báez entre sí. Debieron haber impedido llevar adelante esta licitación de esta manera y desechar la oferta porque no había una verdadera competencia. Una vez adjudicada la obra a Gotti se la cedió a Austral Construcciones, burlando todos los principios de la licitación pública. Se lo cedió sin más y la administración lo permitió”, agregó el fiscal.
Y señaló que el pliego establecía el término de tres años para realizar 39 kilómetros, la obra se extendió 120 meses. “Así y todo no se finalizó”, dijo.
También se refirió a la Pavimentación de 67 km en la Ruta 81 en la ciudad de Puerto Deseado. “Esta obra tenía un presupuesto mayor a los 93 millones de pesos. Competían Kank Costilla, Austral Construcciones, Petersen. Una vez más dos empresas de Lázaro Báez, una tercera de cortesía que en esta oportunidad fue descalificada no por una oferta mayor sino porque presentó una garantía incorrecta. Solo competían las empresas de Báez entre sí. Por esa razón, las competencias eran ficticias”.
Y dijo que una metodología similar se empleó con las licitaciones de las obras obras de repavimento en la Ruta Nacional 40 y del enripiado en la Ruta 9, esta última por casi 200 millones de pesos. Todas esas licitaciones fueron tramitadas en forma paralela, dijo el fiscal. Según el expediente, fueron convocadas y adjudicadas por el exfuncionario Juan Carlos Villafañe.
El fiscal señaló, además, que cinco días antes de que se abrieran los pliegos de licitación, la Dirección Nacional de Vialidad se comprometió a financiar obras por la suma por $238.248.064 en Santa Cruz, y que las empresas de Báez hicieron ofertas por esa misma cifra, sin diferencias de centavos. Dijo que no podían no conocer el contenido de la resolución que iba a firmar la DNV. Además, cuestionó la falta de controles sobre las licitaciones y las obras. Dijo que primero se abrían los sobres de las ofertas y luego se decidía “quién iba a controlar esto”.
Ayer, Luciani abrió su alegato con una durísima acusación contra Cristina Kirchner, a quien señaló como creadora, junto con su fallecido esposo, Néstor Kirchner, de “una de las matrices de corrupción más extraordinarias”.
Con fotos, documentos y mensajes de telefonía acumulados durante la investigación, Luciani primero, y su colega Sergio Mola, después, empezó a desarrollar sus argumentos para probar su acusación: que montó un sistema para defraudar al Estado en gran escala durante 12 años mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz a Báez.
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