La empresa se vio implicada en la investigación judicial de la UFI de Delitos Especiales, puesto que los fiscales hallaron el módulo de emergencia en su predio de Chimbas. Allí habría permanecido dos semanas, aproximadamente, y la orden mediante la contratación de Castro era transportarlo de Zonda a Albardón y, en el medio, tenerlo hasta la orden del traslado a su destino final; todos ellos servicios por los que la empresa tenía previsto crobrar.
“La firma no tiene nada que ver. Trabajamos con la minería, con grandes contrataciones, tenemos mucho en juego y qué perder como para involucrarnos en semejante delito. Es muy grave lo que pasó, nos hemos visto muy perjudicados en nuestra imagen”, manifestó el representante que aseguró que se trata de una empresa familiar con más de 40 años de servicio y de la que dependen unas 80 familias.
El módulo que fue robado había sido entregado a un hombre que falleció, por lo que se hallaba vacío al momento del acarreo. No obstante, un familiar del difunto logró fotografiar el vehículo que se lo llevaba del lugar. Esa persona alertó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y se radicó la denuncia en la Justicia.
El caso pasó a manos del fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y César Recio, quienes indagaron en el tema y descubrieron dónde se encontraba el contenedor y, tras la orden de la jueza de Garantías Celia Maldonado, detuvieron a dos personas: el encargado de logística, Daniel Giner, y al cliente que contrató el servicio, Jorge Castro.
Si bien los funcionarios del Ministerio Público deberán resolver el fondo de la cuestión, desde la empresa se despegaron por completo del ilícito que de algún modo la salpicó.
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