Algunos le llaman intuición. Otros, desconfianza. Pero qué hay si no se duda, más cuando los funcionarios que deberían aclarar lo sucedido, juegan al misterio o intentan ocultar el hecho. Aquella mañana de 2002 todo se presentaba de esa manera. Algo olía mal y las sospechas se agigantaban ante una muerte que la Policía no podía explicar: la de un joven de 18 años que recibió un balazo en la cabeza, y de espalda, durante un procedimiento policial.
Lo que no querían informar era que había policías involucrados. Pero cuando ya no pudieron disimularlo, rápidamente salieron a instalar la versión de un robo a un carro bar, la de un grupo de delincuentes que enfrentó a los uniformados y del tiroteo cruzado que dejó el saldo de ese joven baleado. Por el contrario, la familia de Ríos contradijo el relato oficial y denunció que el chico fue asesinado por la espalda por policías de la Seccional 11ma., en un hecho que tenía todos los condimentos de un caso de gatillo fácil.
Así empezó el intrigante caso, que horas más tarde derivó en el relevo de todos los uniformados de esa comisaría y el secuestro de las armas que portaban los tres efectivos involucrados en ese confuso procedimiento. Tres pistolas 9 milímetros y una escopeta Ithaca.
Sospechoso hallazgo
Pero seguían apareciendo sorpresas. A las botellas de fernet y cervezas y unos chorizos que encontraron tirados, como supuesta prueba del botín que robó el grupo de ladrones, se sumó el sospechoso hallazgo de un revólver calibre 22 entre unos matorrales. Curiosamente, a las 9 de la mañana, muchas horas después de que el juez en persona inspeccionara el lugar junto a los peritos. Algunos investigadores pretendieron adjudicar el arma al joven muerto o los jóvenes que lo acompañaban para reforzar la teoría del enfrentamiento armado, pero el secuestro no hizo más que sembrar mayores dudas sobre el accionar policial.
A horas de la primera inspección en el lugar, y cuando ya no estaba el juez, extrañamente apareció un revólver que quisieron atribuir al joven muerto.
Nadie negaba que Ríos y sus amigos quizás estaban robando, pero no se podía justificar la muerte de ese joven de 18 años y en circunstancias tan confusas. “El Nene” vivía a dos cuadras de la comisaría y lo único que podían achacarle era que había caído preso cuando tenía 16 años por ingresar a una escuela en horas de la madrugada. ¿Quién podía creer que ese chico se enfrentaría a tiros con la Policía?
En el carro bar
La versión que sostenía la Policía decía que “El Nene” Ríos y tres o cuatro jóvenes entraron a robar al carro bar ubicado sobre un terreno abierto en la avenida Granaderos de San Martín y la calle Sarmiento, a metros de la parroquia y pocas cuadras de la comisaría, en plena villa cabecera de 9 de Julio.
El empleado de la estación de servicio que funciona enfrente de ese lugar, escuchó ruidos que provenían de ese puesto y llamó por teléfono a la seccional para alertar que algo pasaba en ese carro bar. Ese negocio ambulante hacía 20 días que permanecía cerrado.
Como era cerca, el oficial ayudante Sergio Funes, el cabo Raúl Rodríguez y el agente Gustavo Farías se dirigieron a pie hacia el carro bar. Antes de llegar, se dividieron con la idea de rodear a los posibles ladrones. El oficial junto con agente se subieron a una pequeña pared medianera y las rejas que separaba el predio parroquial con el terreno donde estaba el puesto de comidas, mientras que el cabo dio la vuelta por los fondos para cubrir la posible fuga de los sospechosos.
Los disparos
Lo que aseguraron aquella vez fue que Funes gritó: “¡Alto, Policía!”. Los policías relataron que vieron a los desconocidos que salieron corriendo y al poco andar éstos les largaron algunos disparos. Según los uniformados, en esas circunstancias fue que sacaron sus armas, repelieron la agresión y, en ese tiroteo, una de sus balas impactó en la cabeza de Ríos. También aseguraron que éste cayó al piso y los otros sospechosos huyeron.
Esa fue la primera versión de lo ocurrido minutos antes de las 4 de la mañana del jueves 30 de mayo de 2002. Esa madrugada los mismos policías auxiliaron a “El Nene” Ríos y lo trasladaron moribundo en un patrullero hasta que lo pasaron a una ambulancia, la que finalmente lo llevó al hospital Rawson. El balazo le había provocado la pérdida de masa encefálica y un grave daño cerebral. Fue así que murió al mediodía.
La autopsia confirmó que la muerte se produjo como consecuencia del disparo efectuado con una pistola 9 milímetros. Es decir, el tiro partió del arma de un policía. El informe forense también confirmó que la víctima estaba de espalda cuando recibió el impacto de bala en la parte posterior del cráneo. Por otro lado, el examen de dermotest indicó que no hallaron restos de pólvora en sus manos.
El revólver
Los peritos que analizaron el revólver calibre 22 secuestrado horas más tarde, revelaron que no se encontraron huellas ni de la víctima ni de otra persona. Esto derrumbaba la afirmación de que esa arma pertenecía a Ríos o sus acompañantes. Y lo que era peor, abonaba la sospecha de que ese revólver había sido “plantado” en el lugar para sostener la hipótesis del tiroteo y hacer ver a la víctima como un peligroso delincuente.
Los familiares y vecinos de Héctor Ríos temían que intentaran encubrir a los uniformados involucrados, de modo que se levantaron en protesta y empezaron a marchar responsabilizando a la Policía por la muerte del joven.
Tarde o temprano surgieron contradicciones entre los tres uniformados que participaron del procedimiento. El 5 de junio de 2002, el juez de instrucción Guillermo Adárvez ordenó la detención del oficial Funes y del agente Farías bajo la presunción de que fueron los responsables del disparo que dio muerte al joven.
Camino a la verdad
En esos días se presentaron los amigos de “El Nene” Ríos y dieron una entrevista periodística a Diario de Cuyo, en la cual aportaron datos sobre lo ocurrido esa noche. En compañía de los abogados César Jofré y Silvina Gerarduzzi –hoy fiscal de impugnación-, esos tres jóvenes aseguraron que “estaban jodiendo en ese carro”, que escucharon los gritos de los policías y los disparos y que lo único que hicieron fue salir corriendo. Además, negaron que alguno de ellos haya portado un arma de fuego.
Uno de esos jóvenes, incluso, afirmó que un policía alcanzó a agarrar a “El Nene”, lo tiró al piso y lo golpeó. Agregó que, segundos más tarde, ese mismo uniformado obligó al joven a ponerse de pie, lo empujó para que corriera y ahí le disparo por la espalda.
Este último testimonio jamás pudo corroborarse. Los policías aseguraron que siempre estuvieron distantes de los sospechosos. Y el empleado de la bomba de nafta y otro vecino de la zona, que estuvieron en la zona, declararon que escucharon los disparos, pero no observaron el momento en que Ríos resultó herido.
Ahora bien, en relación a esos posibles golpes, la autopsia reveló que “El Nene” Ríos presentaba heridas en el rostro. Sin embargo, la conclusión del forense fue que esas lesiones fueron producto de la caída tras recibir el impacto de bala.
Protestas
Las marchas continuaron por el centro de 9 de Julio, hasta se manifestaron en la puerta de la comisaría exigiendo “Justicia” y acusando a los policías de “asesinos”. Así, la presión social tuvo mucho que ver para que la causa se esclareciera con rapidez y el Gobierno tomara medidas por el mal accionar policial. Es que debieron reconocer que uno de los policías había matado a ese chico sin ningún motivo que lo justificara.
Los mismos involucrados trataron de despegarse y cada uno se cubrió a su manera, aunque los tres coincidieron en afirmar que escucharon disparos del otro lado. El cabo Rodríguez declaró que él estaba lejos y que disparó con la escopeta Ithaca, pero al aire. El agente Farías reconoció que largó un balazo hacia la vereda cuando vio cruzar corriendo a los presuntos ladrones, pero sólo para intimidarlos. A su vez, aseveró que fue el oficial Funes quien efectuó entre cuatro o cinco disparos en dirección a la víctima, de acuerdo a la causa judicial.
Un único acusado
El agente Farías complicó seriamente a Funes con esa declaración y consiguió que lo desligaran de la causa. Con esto, el oficial quedó como único y principal acusado del delito de homicidio simple en perjuicio de Héctor Ríos. Él nunca admitió que fue el autor del tiro que hirió de muerte al joven.
En su declaración, aseguró que él estaba parado al lado del agente Farías sobre la pequeña medianera y las rejas y que, después de dar el grito de “¡alto, Policía!”, realizó un disparo al aire con su pistola 9 milímetros. Dijo, además, que ese primer balazo lo dejó aturdido de tal manera que no sabe si continuó disparando o no y luego se le trabó la corredera del arma.
El oficial Funes fue juzgado en la Sala II de la Cámara en lo Penal y Correccional en abril de 2004. Sus abogados defensores, los abogados Alejandro Marín y Néstor Durán, insistieron en la inocencia del policía, cuestionaron las pruebas en su contra y hasta plantearon que el responsable de la muerte a Ríos fue el agente Gustavo Farías. Explicaron que ese otro policía también disparó y tuvo en la línea de tiro a la víctima.
La condena
La fiscal Alicia Esquivel dio por acreditado que Funes disparó cuatro veces contra la víctima uno de esos balazos le quitó la vida. Además, sus mismos compañeros lo terminaron complicando. Consideró como agravantes su condición de policía y el hecho de que haya disparado a un joven de 18 años que estaba desarmado y de espalda. “Aunque hubiese existido un ilícito, no tenía ribetes de peligrosidad y los jóvenes nunca lo enfrentaron… Fue una muerte injusta”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó la pena de 9 años de prisión para el oficial ayudante.
Los abogados Jofré y Gerarduzzi argumentaron que no se probó el supuesto robo. Al respecto, aseguraron esa arma que la Policía encontró horas más tarde, al igual que las bebidas y los chorizos que secuestró, bien podrían haber sido “plantados” para favorecer a los uniformados y sostener la falsa teoría del robo y el tiroteo. Pero, más allá de que si hubo o no un ilícito, afirmaron que no había causa ni motivo para que los uniformados dispararan contra esos jóvenes que se asustaron y lo único que hicieron fue correr. A diferencia de la fiscalía, ellos pidieron una condena de 9 años y 6 meses de prisión.
“Aunque hubiese existido un ilícito, no tenía ribetes de peligrosidad y los jóvenes nunca lo enfrentaron… Fue una muerte injusta”, aseguró la fiscal Alicia Esquivel.
El oficial Funes fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por los jueces Félix Herrero Martín, Juan Carlos Peluc Noguera y Ernesto Kerman. El delito: homicidio simple. En el mismo fallo, los magistrados ordenaron que se gire las actuaciones al juzgado original para que continúe investigando el presunto robo. Ahora bien, no se expresaron acerca de investigar cómo “apareció” esa arma en el lugar en el que mataron a Ríos ni tampoco dijeron nada de establecer si a los otros policías que les cabía alguna responsabilidad.
Sergio Funes purgó su castigo en el Servicio Penitenciario Provincial. En septiembre de 2006 empezó a gozar de beneficios para salir del penal y en diciembre de 2010 le dieron por cumplida su pena.
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