La semana pasada llegó el presidente Alberto Fernández para entregar las 837 casas destinada a los afectados del terremoto, quienes vivían en los cuatro asentamientos de La Bebida (La Paz, Pellegrini, La Defensa y Evita) departamento Rivadavia. Ahora, el foco de atención se centró en Pocito, donde cerca de 250 familias usurparon un terreno colindante al barrio Madre Teresa de Calcula en busca de obtener su casa propia.
El director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yornet, comentó, en rueda de prensa, que desde el organismo aplicarán una sanción “ejemplificadora” para todos aquellos sanjuaninos que están inscriptos en la nómina y deciden usurpar un terreno a cambio de que les den casa.
“Hay una sanción a los que usurpan terrenos: eliminarlos del padrón de futuros adjudicatarios de viviendas”, aseveró Yornet.
El funcionario contó que esto es una medida para evitar que otros repliquen este accionar. Sostuvo que están haciendo un relevamiento por la zona para afinar los números, aunque señaló que fueron cerca de 250 personas las que se vieron involucradas en este procedimiento contrario a la ley.
“Estamos al tanto de esta situación es algo que no tiene que ocurrir. Son hechos que en vez de ayudar a que la situación mejore, empeoran las cosas”, detalló.
Para la entrega de casas en La Bebida el Gobierno tuvo que desalojar a más de 230 familias que se habían asentado en los terrenos de los barrios Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes. Los usurpadores aseguraron que no fueron censados luego del terremoto de 6.4 que sacudió San Juan el pasado 18 de enero de 2021.
Desde el IPV llegaron a un acuerdo con esas familias para que se retiraran de los terrenos a cambio de que ingresaran al organismo pagando una cuota de $1.400 desde el mes de diciembre para ser adjudicatarios de una vivienda en una futura entrega de un barrio.
El ‘toque’ a los intendentes
Yornet aprovechó la oportunidad para decir que esta problemática debe estar más controlada por los intendentes de cada uno de los departamentos. “Nosotros (IPV) no tenemos ese control de los terrenos particulares, sino que son ellos (intendentes) quienes están más al tanto de la situación. Tienen que estar atentos”, concluyó.
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