La Justicia negó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado la defensa del oficial subinspector de la Policía de San Juan, Ricardo Rodríguez, quien está señalado de acribillar al camionero oriundo de La Rioja, Federico Orihuela, en Valle Fértil.
La Justicia de San Juan negó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado la defensa del oficial subinspector de la Policía de San Juan, Ricardo Rodríguez. Se trata del miembro de la fuerza que está señalado de acribillar al camionero oriundo de La Rioja, Federico Orihuela, en Valle Fértil. La jueza Analía Larrea rechazó el pedido de impugnación presentado, y el imputado deberá seguir detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, en prisión preventiva, aunque le redujo la pena de 10 meses a nueve.
A través de un largo argumento, Martín Zuleta, encargado de la defensa del policía acusado cuestionó la imposición de prisión preventiva por falta de fundamentos suficientes para demostrar la necesidad de la medida. Por ello solicitó revocarla o, alternativamente, cumplirla en detención domiciliaria. En ese sentido, consideró que la interpretación restrictiva de la normativa vigente “garantizaría un proceso penal acorde a los principios constitucionales”.
Además, argumentó que el imputado es inocente y que sus acciones como oficial de policía han sido intachables. “No existen indicios concretos para justificar su detención, lo cual debe ser analizado cuidadosamente”, agregó.
Zuleta argumentó que el oficial Rodríguez actuó siguiendo su deber con cero antecedentes, con responsabilidades familiares y pidió prisión domiciliaria por igualdad de género y para garantizar el cuidado de sus hijos menores.
“El imputado tiene dos hijos menores de edad y su mujer necesita encontrar un empleo, debido a que mi defendido se encuentra imposibilitado de trabajar. Además, cuenta con un sumario administrativo policial que lo tiene suspendido de la fuerza”, agregó.
Por su parte, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi dijo que la petición que realizó el Ministerio Público Fiscal para que Rodríguez cumpla la prisión preventiva hasta la resolución del juicio está fundamentada en evidencias grabadas de audio y video, respaldando la solicitud de medidas cautelares. “El oficial Rodríguez dio un relato que intentaba modificar lo sucedido. Nosotros consideramos que eso es intentar entorpecer la causa, por lo tanto, no puede esperar en libertad el avance de la investigación”, expresó.
Tras escuchar a ambas partes, la jueza Larrea dijo que si bien existe la posibilidad de que Rodríguez puede transitar el proceso en libertad, el Estado tiene el deber de investigar hechos ilícitos. La jueza resolvió basándose en pautas objetivas, considerando “peligro de entorpecimiento”. Por esa razón rechazó el pedido de detención domiciliaria y redujo la prisión preventiva a nueve meses en el Servicio Penitenciario Provincial basándose en una resolución anterior que ella misma había dictado.
FUENTE: https://www.diariohuarpe.com/
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