Por más que ayer el presidente Javier Milei haya intentado, a toda costa y por cadena nacional, demostrar que el rumbo económico del gobierno “va sobre ruedas”, este martes deberá enfrentar un duro golpe: el de miles de alumnos, docentes, sindicatos y ciudadanos de a pie que saldrán a las calles a defender la educación pública ante el embate y el recorte que está aplicando, también en ese sector, el oficialismo. “El tema universidades está cerrado. Ya se pagó. Es una marcha política porque alguien que es políticamente virgen no va a ir”, argumentaban confiados el lunes por la tarde los laderos de Milei en los pasillos de Casa Rosada. En esa línea, como si fuera un mantra, repetían que “las universidades son un curro”, y que el objetivo final de La Libertad Avanza es “ir a un sistema en el que la universidad sea arancelada, al igual que la salud”. “No ahora, pero sí es la meta final. Nosotros creemos eso”, expresaban.
Para el gobierno nacional la marcha de este martes “está incentivada por la política”. Así lo aclaró en su conferencia de prensa el vocero del presidente, Manuel Adorni, como si existiera una marcha que no lo esté. “No digo que no sea algo genuino de los alumnos, que están preocupados y son a quienes defendemos. Es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar, pero no consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones”, opinó.
Cerca de las ocho de la noche, a pocas horas de que comience la movilización, el ministerio de Capital Humano emitió un comunicado con el que intentó nuevamente quitarle estímulos a la movilización. Allí aclararon que “tal como estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos con el CIN, en el día de hoy se realizó el depósito del 100 por ciento de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales, con un aumento del 70 por ciento y por un total de $10.075.851.995, concluyendo así con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior”. Un dato que las universidades señalan como engañador porque ese 70 por ciento representa en realidad menos de un 10 por ciento del presupuesto de las universidades.
Aún así, el gobierno añadió que “se ejecutó la totalidad de los gastos específicos para la función salud de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja, además del refuerzo especial y extraordinario para el Hospital de Clínicas y demás hospitales universitarios de la UBA, lo que implica un desembolso de $11.812.261.781”. Y dijeron que “el Gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada“. Por eso volvieron a insistir con que auditarán y fiscalizarán “el gasto” mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias “cumpliendo con lo dispuesto por el Art. 2 de la Ley N°24.521”.
En el entorno de Milei sostenían eso mismo el lunes por la tarde. “Se van a hacer auditorías. Se reúnen el 30 la Secretaría de Educación con el Consejo Interuniversitario Nacional y ahí van a terminar de ver el mecanismo, quién va a ser la autoridad de aplicación”, explicaban y se quejaban: “Las universidades son autónomas y autárquicas, pero las financia el Estado. ¿Cómo es? ¿Las banca, pero no las puede controlar? Es raro”. Los funcionarios de Casa Rosada, sin embargo, omiten varios puntos también en este eje: en primer lugar no dicen que las universidades públicas tienen todas sus auditorías internas, en su gran mayoría, publicadas en sitios de internet que son públicos y a los que cualquier ciudadano puede acceder. En segundo lugar que, además, las universidades son auditadas por la Auditoría General de la Nación y también por la SIGEN.
En el intento de desprestigiar la educación pública y desfinanciarla, en Balcarce 50 repetían que el problema es que actualmente en las universidades públicas “se recibe la clase alta argentina y la financian los chicos pobres del Chaco”, que “el 60 por ciento de los estudiantes universitarios abandonan la carrera durante el primer año”, y que “el 10 por ciento de las personas provenientes de sectores vulnerables se recibe”. Sin embargo luego de eso aparecían las verdaderas intenciones privatizadoras y argumentaban que “queremos que las universidades no dependan del financiamiento estatal y sean más parecidas al estilo americano”. También contaron que hay un grupo de universidades que “están pensando en un esquema mediante el cuál obtener financiamiento de exalumnos o graduados”. Para ellos, dicen, “es el mercado el que va a permitir que la gente acceda a la educación”.
Aún no se sabe qué pasará este martes con el protocolo antipiquetes y si el gobierno nacional finalmente se atreverá a aplicarlo en una marcha que se espera masiva. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió en una entrevista televisiva que la aplicación dependerá de “la cantidad de gente que vaya”, pero que pueden llegar a implementarlo porque piensan que “en esta marcha puede haber una provocación”. Bullrich consideró que eso puede ocurrir porque “la CGT y la CTA convocaron a la marcha”, y añadió que la movilización “está orquestada por una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un ‘quiosco’ para ellos”. Sobre el protocolo antipiquetes en Casa Rosada adelantaron que “la obligación del gobierno es hacer cumplir la ley y, si para eso tiene que aplicar el protocolo, lo hará. El ministerio de Seguridad no discrimina según el tipo de marcha”.
“El Presidente está muy bien y, como siempre, tiene la convicción de llevar adelante los cambios pese la resistencia de los beneficiarios del antiguo régimen”, decían en Casa de gobierno tras la grabación de la cadena nacional, que fue en el Salón Blanco cerca de las cinco de la tarde. El discurso del Presidente, en el que dijo que “la era del supuesto Estado presente ha terminado”, fue escrito por él mismo. Así lo contaban orgullosos sus funcionarios más cercanos.
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