Miles de estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas en todo el país participarán este martes de la gran marcha en contra del ajuste presupuestario, que podría llevar al cierre del sistema universitario nacional. De esa manera, y bajo el lema “En defensa de la educación pública“, la comunidad universitaria se manifestará en oposición al recorte dispuesto por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El reclamo fue iniciado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se adhirieron más de 70 universidades nacionales en todo el país. Además, la CGT y las dos CTA convocaron a la movilización nacional, dándole el formato de Marcha Universitaria Federal, con el reclamo: “Desfinanciamiento, no. Educación pública y gratuita, si”. Asimismo, se sumaron espacios políticos, como el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, movimientos sociales y piqueteros, por lo que se espera que sea un evento multitudinario.
La concentración principal será este martes 23 de abril a partir de las 15:30 en el Congreso Nacional, en la equina de las avenidas Callao y Rivadavia. Desde allí, se trasladarán hacia Plaza de Mayo, donde a las 18 se leerá frente a la Casa Rosada un documento elaborado de forma consensuada entre la UBA, todas las facultades y otras universidades nacionales. Las calles aledañas permanecerán cortadas al tránsito desde temprano, ya que se prevé que los estudiantes comiencen a arribar a la zona cerca del mediodía.
Las trece facultades de la UBA comenzarán la movilización en sus respectivas sedes, formando distintas columnas para marchar en conjunto. La mayor acumulación de estudiantes será en Plaza Houssay, desde las 14:30. En tanto, en el acto principal se juntarán las autoridades de la UBA, rectores de universidades públicas, alumnos, representantes del cuerpo docente y no docente. Asimismo, se espera una movilización similar en otras jurisdicciones.
Los organizadores de la marcha pidieron evitar identificaciones partidarias, por lo que solo estará permitido llevar banderas argentinas y en defensa de la universidad pública. Sumado a esto, se promovió llevar un libro a la concentración para provocar un mayor impacto.
El ministerio de Seguridad de la Nación y la secretaria de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires ultimaban por estas horas los detalles del enorme operativo de seguridad que desplegarán de manera conjunta y coordinada para controlar la marcha federal universitaria que tendrá lugar este martes en el centro porteño.
Durante toda la jornada se pondrá en marcha un centro de comando unificado entre ambas gestiones que funcionará de manera presencial y virtual, con la idea de ir monitoreando los pormenores de la movilización.
El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, vienen conversando en este sentido con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien volverá a apelar al famoso protocolo “antipiquete” para liberar las calles de cortes.
La masividad de la convocatoria hará más que difícil que se pueda cumplir con el objetivo de que los manifestantes circulen únicamente por las veredas. A diferencia del 24 de marzo pasado, por la marcha del Día Nacional de la Memoria, esta vez los manifestantes no tienen autorización para obstaculizar calles y avenidas.
Sin embargo, la aplicación del protocolo antipiquetes dependerá de la cantidad de gente que asista a la movilización, ya que una multitud en las calles volvería estéril cualquier intento de la Policía para restringir la circulación a las veredas. “El protocolo tiene que ver con la cantidad de gente que va, yo conozco más o menos el número de gente que va a ir”, reconoció Bullrich anoche en declaraciones televisivas.
El reclamo de las universidades públicas
La marcha fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que nuclea a los gremios docentes y no docentes Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun; la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a más de dos millones de estudiantes en el país, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo no estatal que congrega a todas las Universidades Nacionales Argentinas.
El CIN manifestó que la marcha es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional” e invita a un “diálogo” con el Gobierno Nacional. Al rechazo de los recortes presupuestarios a las universidades públicas se suman los reclamos por la falta de inversión en las áreas de ciencia y tecnología y por el aumento de los salarios universitarios.
Por su parte, la UBA se declaró en emergencia presupuestaria, por lo que es una de las casas de estudio que más hincapié realiza en el reclamo. “La universidad pública argentina, no arancelada y de calidad, es un orgullo nacional y una referencia en el mundo por ser una herramienta estratégica para el desarrollo. Desfinanciar la universidad pública es desfinanciar el futuro del país“, expresó la Consejera Superior de la institución, Lucía Couso.
Según indicaron a través de un parte de prensa fuentes de las casas de estudio, este ajuste afecta “gravemente” la capacidad de las universidades para solventar gastos de funcionamiento elementales y congela el salario de los docentes en un contexto de “crisis económica y alta inflación”.
Salarios, gastos de funcionamiento y obras, los reclamos que llevan a la calle los universitarios
“En la movilización nos vamos a encontrar todos los sectores que defendemos la Universidad pública, pero la tarea seguirá al día siguiente en cada rincón del país. No vamos a permitir que nos roben el futuro“, agregó la Presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Melisa Escandar.
Por su parte, el Consejero Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y estudiante de la carrera de historia, Luca Bonfante, planteó: “Desde la comunidad educativa vamos a ganar las calles este 23 de abril para no perder las aulas, y nos vamos a seguir organizando desde abajo en cada lugar de estudio junto a los trabajadores que también salen a enfrentar el plan motosierra de este gobierno”.
La medida de protesta fue resuelta por las rectoras y los rectores del CIN, quienes votaron por unanimidad convocar de manera conjunta con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) a una gran marcha a Plaza de Mayo.
De este modo, a partir de las jornadas, clases públicas y abrazos a las instituciones realizadas en todas las provincias, la comunidad educativa se está organizando de cara al primer paro nacional y movilización universitaria del año.
Universidades privadas se sumarán a la marcha universitaria
Luego de que el Centro de Estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) apoyara la marcha de este martes en favor de la Educación Pública por entender “la preocupación” de que muchos estudiantes se queden con sus carreras “a mitad de camino”, se sumaron las Universidades Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA).
En ese sentido, alrededor de 90 docentes de UdeSa firmaron un comunicado, compartido en sus redes sociales, donde confirmaron su presencia en la movilización y señalaron las “evidentes campañas de descrédito de las universidades nacionales y de la investigación científica”. Profesores e investigadores de esa institución privada “se suman a la defensa del sistema universitario en su conjunto y adhieren al reclamo de financiación de la educación pública y a la demanda de una inversión sostenida en ciencia y tecnología”.
Por su parte, la UTDT hizo lo propio y casi 100 de sus docentes firmaron la solicitada, que también expresa “preocupación” por las medidas impuestas por parte del gobierno de Milei, en contra del financiamiento a la universidad pública y “al sistema científico” nacional.
“Deseamos expresar nuestra preocupación por la campaña de desprestigio, acoso y asfixia financiera llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional contra las universidades nacionales y el sistema público de investigación científica en general. En particular, deseamos notar que una institución como la UTDT no podría funcionar sin el aporte de decenas de sus profesores que se han formado con excelencia, en grado o posgrado, en universidades públicas del país”, sostuvo la casa de estudios.
Asimismo, y luego de que el Gobierno mencionara la posibilidad de activar el protocolo antipiquetes propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal (AAPDP) volvió a publicar el comunicado, que había redactado el pasado 20 de diciembre, vinculado al resguardo de los derechos y garantías constitucionales.
“Se considera imperioso resaltar la irrestricta vigencia de normas de la superior jerarquía internacional y constitucional vinculadas al ejercicio de los derechos de libertad de reunión y de libertad de expresión y de peticionar a las autoridades, a la par de exigir su inmediata eficacia en la inteligencia y aplicación del Código Penal”, señala la Asociación.
MB / ED
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