Por primera vez, el expresidente Alberto Fernández compareció ante la justicia en el expediente que investiga la existencia de una “organización delictiva” operando en la contratación de seguros por parte de entes estatales durante su mandato (2015-2019).
Conocida popularmente como “Causa Seguros”, el caso involucra a la aseguradora Nación Seguros y a un grupo de intermediarios que presuntamente se beneficiaron con comisiones considerables relacionadas al cobro de seguros de vida para organismos públicos a través del Banco Nación y el programa “Créditos ANSES”.
La presentación judicial de Fernández ocurrió después de que a principios de mayo el juez de la causa, Julián Ercolini, lo instara a designar un abogado defensor para la causa. El expresidente, por su parte, eligió a alguien de su confianza: Mariana Barbitta, la misma que representó legalmente al exjefe del Ejército, César Milani; y al exjuez federal de Corrientes, Soto Dávila, cuando enfrentó una causa por narcotráfico.
La primera jugada de Fernández en la Causa Seguros
A través de su letrada, el exmandatario apeló la inhibición de sus bienes y presentó el pedido para recusar al juez Ercolini, alegando temor de parcialidad, según fuentes judiciales citadas por Infobae.
La presentación fue realizada el pasado martes por la noche y se espera que el juez Ercolini responda pronto al pedido de apartamiento. Según trascendió, la defensa de Fernández le sugirió que se excuse en primer lugar, aunque dejó el planteo de recusación.
En caso de que se diera el segundo caso, la decisión de apartar a Ercolini quedaría en manos de uno de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, elegido por sorteo. El tribunal está integrado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
El historial de Fernández y el juez Ercolini
El expresidente Fernández había denunciado previamente al juez durante su gestión. Fernández y Ercolini tienen una relación previa, habiendo trabajado juntos en la Universidad de Buenos Aires bajo la misma cátedra del exprocurador Esteban “Bebe” Riggi. “Hemos mantenido una extensa y muy cercana relación de amistad estrecha”, sostuvo Fernández al respecto.
Antes de asumir la presidencia, Fernández había expresado una serie de críticas hacia algunos jueces de Comodoro Py en 2002, incluyendo a Ercolini, por su manejo de casos relacionados con figuras kirchneristas.
En otra instancia, a fines de 2022, Fernández instruyó al Ministerio de Justicia a presentar una denuncia penal contra jueces, fiscales y funcionarios que habían compartido un viaje a Lago Escondido, aunque esta denuncia fue cerrada posteriormente.
Por otro lado, la activación de Fernández en el expediente coincide con la recepción de apelaciones de algunos imputados por la inhibición de bienes por parte de la Cámara Federal. Se ha ordenado que el juzgado informe a todos los involucrados, incluido Fernández, quien recibió la notificación en su departamento en Puerto Madero.
En cuanto a su defensa legal, Fernández eligió a Mariana Barbitta, una reconocida penalista que lideró la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA). Barbitta representó a figuras prominentes en casos judiciales anteriores, incluyendo al ex titular del Ejército César Milani y al exjuez federal de Corrientes Soto Dávila.
Cómo sigue la causa
Mientras tanto, el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo continúan analizando la documentación secuestrada y esperan los resultados de los entrecruzamientos telefónicos. Además, se está examinando el contenido de los dispositivos electrónicos confiscados en relación con la causa.
El juez ha decidido la inhibición de bienes del ex presidente Fernández y ha solicitado levantar su secreto fiscal y bancario en relación con el escándalo de los seguros. Esta medida también se ha aplicado a otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en el caso.
El caso gira en torno a la disposición del Ejecutivo de Fernández de contratar pólizas de seguros a través de Nación Seguros y la posible participación de intermediarios en estas contrataciones. Entre los implicados se menciona al empresario de seguros Héctor Martínez Sosa, cuya empresa está vinculada al caso. Martínez Sosa es esposo de María Cantero, la amiga e histórica secretaria del expresidente.
“Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso”, había Fernández previo a ser imputado.
Según la presentación judicial, en el otorgamiento de créditos desde la ANSES se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones “indebidas”, por lo que fue imputado el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliolo y el ex Director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES Federico Alejandro D’Angelo Campos.
Fuente: Perfil
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