Lo acusan de asignar fondos del Potenciar Trabajo sin límites ni documentación.
En el marco de la causa en la que investigan el accionar del Polo Obrero, el fiscal federar Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social de lo que supo ser el Ministerio de Desarrollo Social. Se lo investiga de haber actuado en complicidad con Eduardo Belliboni para desviar fondos millonarios destinados a la ayuda social.
Para la fiscalía, existe “una matriz de corrupción” que operó desde 2020 hasta diciembre del 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaria a cargo de la asignación y el control de los fondos destinados a la asistencia social.
Según el fiscal, los funcionarios “actuaron en forma coordinada” con los dirigentes sociales. Pollicita planteó: “La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”.
En sintonía, el juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento “por administración infiel en relación al Plan Potenciar” luego de advertir que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos del programa Potenciar Trabajo.
En el escrito, Pollicita expuso una acción coordinada entre ambas organizaciones sociales con el objetivo de desviar millones de pesos correspondientes del programa a las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Limitado sin documentación que lo ampare. Para eso, analizó cinco convenios firmados, donde determinó que se asignaron fondos públicos sin conocer los proyectos en los que el Estado invertiría.
Según denunció ambos referentes actuaron “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”. “Bajo el paraguas de un acuerdo de impunidad, los responsables de las Unidades de Gestión del Polo Obrero, por un lado, y las autoridades públicas, por el otro, incumplieron con las obligaciones legales que el programa les imponía en relación a la rendición de cuentas sobre los fondos públicos entregados en carácter de subsidio a los primeros, evidenciando el desinterés en torno al destino de los fondos, tal como se viene desarrollando”, argumentó el fiscal.
Pollicita detalla que el Polo Obrero recibió un total de $361.087.500 de los que al menos $219.955.153,73 “no habían sido devueltos ni rendidos al Estado Nacional, es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”.
“Como era de suponer en base al acuerdo descripto, dichas omisiones no motivaron ninguna intimación por parte de las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —las intimaciones fueron realizadas recientemente por las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano—, pese a encontrarse holgadamente vencidos los plazos de ejecución y, por tanto, de rendición de cuentas”, cuestionó.
En ese marco, además de Pérsico se tomará indagatoria de los ex funcionarios Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También volverán a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego.
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