La Policía Federal allanó este miércoles la sede del PAMI de Morón en busca de documentación para probar presuntas transferencias de dinero a centros de jubilados de Hurlingham “fantasma”, en una maniobra que habría sido diseñada para financiar a la agrupación La Cámpora.
La orden de allanamiento fue firmada por el juez federal de Morón Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, luego de que el fiscal federal Santiago Marquevich pidiera la realización de una serie de medidas de prueba tras una denuncia de la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, a la que sumó un informe de PPT y una investigación preliminar realizada por la UFI-PAMI.
La justicia sospecha que la maniobra buscaba financiar una caja política de La Cámpora, ya que el intendente interino de Hurlingham, Damián Selci, pertenece a la agrupación kirchnerista, al igual que la titular del PAMI, Luana Volnovich, y su segundo y pareja, Martín Rodríguez.
Según el diario La Nación, Selci reporta políticamente a Rodríguez, jefe de la agrupación de Máximo Kirchner en Hurlingham.
El fiscal general de la UFI-PAMI, Javier Arzubi Calvo, había pedido que se investiguen posibles maniobras fraudulentas cometidas en la realización de convenios entre el PAMI, el municipio de Hurlingham y los centros de jubilados San Javier y Güemes.
Según el fiscal, funcionarios del PAMI, funcionarios municipales y los titulares de los centros de jubilados “han formado o tomado parte de una asociación destinada a cometer delitos indeterminados, en especial, aquellos cometidos a través de desvíos de fondos públicos mediante la celebración de los Convenios de Colaboración”.
Que dice la denuncia de Ocaña
La diputada Graciela Ocaña denunció que se cambió el organigrama del PAMI para autorizar a Rodríguez a dar subsidios bajo el Programa de Promoción y Prevención Socio Comunitaria. Entre los beneficiarios se encontraron los centros Güemes y San Javier, que en marzo de 2021 recibieron $12.240.000 y $8.175.000, respectivamente.
Según las investigaciones del fiscal Arzubi Calvo, tres personas que constituyeron la Asociación Civil centro de jubilados San Javier eran a la vez empleados del municipio de Hurlingham, en planta permanente: Juan Manuel Lovillo, Mesile Gisel González y Gonzalo Nicolás García.
Lo mismo ocurrió con dos personas que constituyeron el centro de Jubilados Güemes. En este caso los empleados municipales fueron Facundo Torres Acuña y Jennifer Ieracitano.
“Las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados han llevado a cabo maniobras defraudatorias en perjuicio de las arcas de la Obra Social Nacional, mediante el engañoso uso de la Resolución 585/DE/08, por la cual se aprobó el Programa Nacional de Promoción Socio comunitaria “Prevenir para seguir creciendo”, y firmar convenios de colaboración con la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados San Javier, la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Güemes y el Intendente y la Municipalidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, lográndose de esta forma desviar una suma cercana a pesos cuarenta y siete millones ($47.000.000)”, escribió el fiscal.
Los giros de caudales del PAMI al municipio aumentaron después de que Selci asumiera como intendente interino de Hurlingham. El dinero del PAMI sirvió para financiar desde proyectos de plazas hasta festejos por el Día del Jubilado y la Jubilada o colonias de vacaciones para mayores.
Según el fiscal, “una circunstancia que cimienta la presunción de la existencia de conductas ilícitas en la administración del patrimonio” del PAMI es que “a dos centros de jubilados se les otorgó subsidios para la misma tarea, igual jurisdicción y en el similar período (junio a diciembre), tal el caso de las Asociaciones Civiles Centro de Jubilados y Pensionados Güemes y San Javier” y eso pese a que no tenían aún terminados sus papeles de constitución.
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