El envío del Presupuesto 2023 al Congreso por parte de Sergio Massa fue con un mensaje anexo: hay que discutir como incluir al Poder judicial en el esquema del impuesto a las Ganancias.
Esto podría ser fundamental para reducir el déficit como se comprometió Sergio Massa con el FMI, del 2.5% al 1.9%. Es cobrarle a los que no pagan, o ajustar a los que no tienen.
Actualmente tributa algún impuesto, que no es Ganancias, el grupo de jueces nombrados después del 2017. En total, menos del 20% de los magistrados activos tributan.
La responsabilidad de este atropello a los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos arranca en 1996, y ningún gobierno pudo, o quiso, cambiarlo. El mismo Alberto Fernández señaló en su discurso de asunción que “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”, pero en casi tres años de mandato ni siquiera pudo ocupar las vacantes que hay en el máximo tribunal de justicia.
Esta barbaridad antidemocrática, y anticonstitucional, ya que estableces que algunos ciudadanos son más iguales que otros ante la ley, suena aún más provocadora cuando recordamos al ex titular de la Corte Suprema, Carlos Fernando Rosenkrantz, dando un discurso en Chile.
Allí, el magistrado que aceptó gustoso entrar “por la ventana” a la Corte por decisión de Mauricio Macri, a quien luego el pleno de gobernadores peronistas en el Senado le hizo el favor de la ratificación, atentos a voces que auguraban macrismo por 20 años, señaló en su mensaje de fuerte corte antiperonista que “no siempre donde hay una necesidad nace un derecho”.
La anti paráfrasis de Eva Perón tuvo su explicación: “No hay recursos suficientes para otorgar todos los derechos”.
Quizá si la justicia tributara lo que debe, los recursos alcanzarían.
O, como se escuchó decir a un dirigente del kirchnerismo: “La Corte dice que no hay derechos para todos, porque los que había ya se los dieron a sus amigos”.
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