La modificación de los planes es un asunto que viene se viene charlando, tanto desde el ministerio de Economía como en el de Desarrollo Social, principalmente por los compromisos que implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el compromiso con el organismo de bajar el déficit.
El compromiso asumido con el Fondo implicaba un déficit de 2,5% para el 2022, y del 1,9% para el 2023, lo que implica una fuerte reducción del gasto público, pese a que va a ser un año electoral, lo que obligará a tener cierta cintura política para poder cumplir con el FMI bajando el déficit y a la vez hacer frente a los gastos de un ciclo electivo, años en los que, por lo general, sube el gasto público.
Esta idea de hacer modificaciones en los planes sociales empezaría por auditorías para rediscutir quiénes son los que los cobran. Ya hubo conflictos con los movimientos sociales con respecto a este tema. El Gobierno pide ahora una autentificación de la identidad mediante la aplicación Mi Argentina, dando de baja a quienes no puedan constatar identidad.
Otra modificación que intenta el gobierno es el “desenganche” de los montos con el salario mínimo, vital y móvil. Actualmente, se establece el monto calculando el 50% de lo establecido como salario mínimo.
El Gobierno le pone un límite a las altas de planes sociales por decreto
La idea del gobierno es que los montos se establezcan en una suerte de “paritaria” a parte entre los movimientos sociales y el Poder Ejecutivo. Los movimientos critican que esto pueda ser un intento para licuar los planes frente a la inflación.
El gobierno llama a estas modificaciones como el inicio de una transformación de los planes sociales en trabajo genuino. Sin embargo, los movimientos sociales están en alerta, y se espera que esto traiga nuevos conflictos entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras.
FM JL
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