El Fiscal federal Diego Velasco apeló este lunes el sobreseimiento que los jueces del Tribunal Oral Federal 5 firmaron a favor de Cristina Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y los demás imputados en la causa Los Sauces y Hotesur.
La causa investiga a empresas familiares que, presuntamente, fueron el vehículo para lavar 120 millones de pesos “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal. En el escrito se insistió, además, con que el juicio oral y público debe realizarse.
En ese sentido, Velasco resaltó que la mejor instancia para resolver la culpabilidad o inocencia de la vicepresidenta, sus hijos y otros 13 acusados es el juicio.
Qué dijo el fiscal sobre la decisión de los jueces
En el dictamen de 249 páginas, el fiscal calificó la decisión de los jueces del TOF 5 como “arbitraria”, y aseguró que “padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales, contaminadas de groseros errores jurídicos”. Además, señala que “se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”.
Respecto de los Magistrados Adrián Grünberg y Daniel Obligado, quienes votaron a favor del sobreseimiento de la vicepresidente, el fiscal destacó que “su función principal radica en REANALIZAR el caso en un debate oral y público con amplitud probatoria para todas las partes, con posibilidad de que todos interroguen a los testigos e incluso de que los jueces se saquen sus dudas y allí, con esa inmediación con la prueba, fallen de acuerdo a la sana crítica racional, habiendo escuchado previamente las hipótesis de las partes”.
Los Tribunales “no pueden desnaturalizar” sus funciones, agregó.
Velasco también recordó que aún hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados.
La correspondiente a Los Sauces concluía en diciembre, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades, como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes y falta de fondos para la adquisición de propiedades.
“Las medidas de prueba que se encuentran en curso”, pedidas por la vicepresidenta incluyen pericias contables, tasaciones, informes, entre otros.
No obstante, Velasco también se refirió a documentación e información que es “retaceada por ciertos organismos públicos provinciales, que no hacen más que confirmar su importancia. Y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”.
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