La Argentina está entre los diez países que más han desmontado el monte natural, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tomando como referencia un seguimiento satelital efectuado por el organismo entre 1990 y 2015, cuando se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas por año.
El informe impulsó la sanción de la Ley de Bosques 26.331 a fines de 2007, gracias a la movilización de la ciudadanía que presionó al Congreso Nacional con un petitorio de un millón y medio de firmas, un hecho sin precedentes de la sociedad civil, con lo cual se logró el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en todas las provincias. Consecuentemente se prohibieron los desmontes en un 80% de las zonas forestales, categorizadas por la vulnerabilidad.
La tala irracional es un grave atentado a la biodiversidad del planeta y nuestro país se encuentra en emergencia forestal desde 2014, de acuerdo a la advertencia del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Concretamente denunció que aquí se producía el 4,3% de la deforestación global y por ello durante la primera década de este siglo fue la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino.
Desde entonces la situación poco ha cambiado a pesar de la legislación nacional y de las leyes provinciales concordantes, debido a la permisibilidad de gobiernos que acuerdan excepciones con poderosas multinacionales para expandir la frontera agropecuaria para el desarrollo de la ganadería y la soja transgénica, además del aprovechamiento de la madera. Varios incendios forestales descontrolados se iniciaron en quemas para despeje de terrenos.
La organización ambientalista Greenpeace ha dado a conocer el balance de destrucción de 2021, estimando que el año pasado se deforestaron 110.180 hectáreas, cifra que se sumó al acumulado de pérdidas de 7 millones de hectáreas declaradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Todo ocurre lejos de la atención política y por ello la depredación sigue impune.
Hay hechos como en Chaco, donde las topadoras arrasaron 18.000 hectáreas de bosques el año pasado, a pesar de que los desmontes están suspendidos por la justicia provincial, sin que se conozcan las penalizaciones de rigor. En las demás provincias comprendidas por el ordenamiento territorial, caso de Formosa, Corrientes, Salta y Santiago del Estero, el permiso verde es por demás generoso.
El impacto de la deforestación en el cambio climático es enorme porque implica un verdadero ecocidio al romper el equilibrio de los ecosistemas. Ha llegado el momento en que la destrucción de bosques se convierta en delito penal, no bastan las multas ni sanciones administrativas.
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