Con una denuncia en el sistema acusatorio, los tres concejales opositores de Angaco, Claudio Palacio, Natalia Marín y Valeria Olivera, habían apuntado contra el intendente Carlos Maza al hacerlo responsable de un delito por demás sensible: haber aprovechado recursos provinciales destinados para los damnificados del terremoto para obtener un beneficio propio. Así, le enrostraban integrar una asociación ilícita, haber cometido fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Tras analizar elementos que fueron aportados por los propios ediles y los que fueron remitidos por el municipio, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, con Iván Grassi a la cabeza, definió que lo denunciado por los concejales no es tal y que “la conducta del intendente no configura acción delictual penal alguna”. Así, “no corresponde iniciar una investigación penal”, por lo que el pedido de los ediles fue desestimado. El rechazo, que se dictó ayer, fue el tercer revés penal que recibieron los concejales en el año, ya que antes habían intentado ir contra el concejal oficialista Alejandro Paredes y un asesor del Concejo Deliberante, planteos que también fueron desestimados, en febrero y enero, respectivamente.
La denuncia contra el jefe comunal da cuenta del elevado conflicto que existe en Angaco entre los tres ediles opositores a Maza, que desde el peronismo aseguran que responden al exintendente José Castro, mientras que en el entorno del dirigente indican lo contrario, y los concejales alienados al intendente bloquista. Además, han existido presentaciones cruzadas en el fuero Civil, disputando la presidencia del cuerpo deliberativo, lo que ha llevado a una paralización del Concejo durante ocho meses, freno que en la provincia miran con atención, al punto que sobrevuela la idea de una intervención, medida que fue apoyada por uno de los concejales (Ver recuadro).
En el caso de la nueva denuncia, que fue desestimada, Palacio, Marín y Olivera habían planteado que Maza utilizó recursos que destinó la provincia a los municipios para atender a las familias afectadas por el terremoto, para obtener ganancias y lo hizo al comprar materiales de construcción a un precio mayor al del mercado. En la presentación indicaron que el intendente compró, entre otros elementos, 600 bolsas de cemento a 869,7 pesos a cada una, mientras que en un relevamiento que realizaron los propios ediles, reflejaron que el costo real de ese material es de 672,02 pesos. Lo que también reflejaron los ediles es que el valor al que ellos llegaron se dio gracias a un descuento que ofreció el comercio, del 23 por ciento, que no le fue aplicado al municipio. Así, según detectó la UFI Delitos Especiales, “los precios unitarios de los materiales abonados son similares al presupuesto presentado por los ediles”, pero “sin la bonificación”, acción que “el empresario no está obligado a aplicar a ningún cliente”. Además, el fiscal apuntó que el control del gasto “fue remitido a la secretaría de Hacienda, sin que este organismo de control los haya observado”.
- Edil de acuerdo con la intervención
“Si lo tienen que intervenir, que lo intervengan. Desgraciadamente estas personas (Palacio, Marín y Olivera) no han apoyado nada, incluso, tampoco han acatado el mandato del ministro de Gobierno y hace meses que no van al Concejo”. De esa manera se refirió Alejandro Paredes a la situación del cuerpo. Además reafirmó su postura al indicar que “la presidencia no le pertenece a Palacio porque desde el año pasado que no pertenece a las líneas del intendente”.
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