La danza de los planes sociales también se baila en San Juan

La realidad es que en la oficina de la delegación local del ministerio nacional que ahora conduce Juanchi Zabaleta, a cargo de Romina Albarracín, respondieron oficialmente a Tiempo de San Juan que no tienen la información de cuántos planes ellos mismos entregan en la provincia a cada organización social.

Esa es la fuente excluyente de información sobre este tema. Y como asegura no poder contar con los datos más obvios de su propio funcionamiento, no queda otro recurso que orientarse por otras fuentes informales. Como para compensar la que distribuyen lar organizaciones beneficiarias, información interesada que no puede ser compulsada con una fuente oficial por esa confesión de incapacidad de la propia oficial o, peor, la protección de información que consideran sensible.

Así las cosas, habrá que quedarse con lo que hay. Y lo que hay es lo siguiente: la oficina local de la Nación sostiene que hay 13.500 planes Potenciar Trabajo (bajo esa designación fueron unificados) en San Juan, sin poder discriminar cuales son las unidades de gestión de los administran. Sí, aunque parezca insólito, lo que dicen es que no pueden saben qué organización les dio el alta y sostiene políticamente cada plan. Se escudan detrás de la fórmula de que esa data la tiene el ministerio nacional, como si viviéramos en los tiempos del chasqui y no del whatsapp.

Por otro lado, hay fuentes allegadas que clavan la cifra un tanto más arriba: 20.000 planes en la provincia, grosso modo. Verosímil, a la luz de la incapacidad para la contabilidad más elemental que se desprende de la oficina nacional que, parece, no sabe cómo separar las peras de las manzanas.

En lo que ambas coinciden es en un solo dato: los planes que maneja el gobierno nacional, que es apenas una unidad de gestión, son 3.500. El resto, otros 10.000 u otros 17.000 según quién lo diga, son manejados por otras unidades de gestión, que son las organizaciones sociales. La mayoría de ellas, terminales locales de sellos nacionales como el Movimiento Evita, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie. También las autóctonas, como la Agrupación Piquetera Virgen de Fátima o Amas de Casa.

Entre ellos se reparten los entre 10 y 17 mil planes. Y las fuentes coinciden todas en señalar que los que más disponen son los del Movimiento Evita –igual que a nivel nacional- que es la marca de la ultraalbertista organización liderada por el Chino Navarro y Emilio Pérsico, ambos además funcionarios de confianza del presidente. ¿Cuántas? Difícil saberlo con certeza ante el citado silencio de la oficina nacional. Las fuentes extraoficiales indican que son entre 7 y 8 mil. Ellos sostienen que son menos de 2 mil.

Para el caso, no es eso lo más relevante. Lo que verdaderamente importe es el mecanismo de adjudicación y manejo, teñido de sospecha desde siempre por el sometimiento permanente de esos beneficiarios tanto a nivel político como económico. Antes de que lo descubriera la vicepresidenta en su furiosa presentación del lunes pasado en la CTA, motivada por la tentación de cobrarle alguna factura a los eviteros que postulan un kirchnerismo sin Cristina.

Conoce el tema Cristina. Durante la gestión de Néstor –saliendo del derrumbe delarruísta- se profundizó el modelo de piqueteros amigos en las provincias. En San Juan se recuerdan los aportes que recibía Carlos Gómez en la Virgen de Fátima que atormentaba al gobierno provincial porque llegaba fuera de su órbita, y además permitía al chimbero proyección política personal.

Habría que hacer una división clara respecto de este asunto delicado. La necesidad de asistir con recursos del Estado a la gente más necesitada no debería estar en discusión. Si la escala correcta debería ser la actual, del tamaño de 1,3 millón de beneficiarios, es otra cuestión. Pero no debe estar en debate si corresponde o no. Sí, corresponde.

Lo que ocurre es que la variación de las cifras nacionales depara mal olor. De los 250.000 planes que había cuando CFK se fue del gobierno en 2019, se pasó a unos 650.000 cuando Macri se fue del gobierno. Es decir, casi se triplicó. En el medio, pasó que la ahora mayoría combatiente de las organizaciones sociales guardó entonces el fusil y pactó la paz con la gestión macrista, que es lo que reprocha el sector kirchnerista de la actual administración sobre la reaparición de los cortes e intimidaciones. Alberto volvió a aumentar el número a 1,3 millón. Nada escaso, como para tener todos los días las calles cortadas.

Pero los más tremendo no es el número –si bien significativo y abierto a debate- sino la modalidad. Así ocurriera con 7 mil planes o con 2.000 (como se atribuye a la sede local de los Evita), da lo mismo. Eso de que las altas y las bajas estén a cargo de una organización social implica un corrimiento del Estado. No manda el Estado, los que mandan son ellos, parece ser. Si bien ahora cada uno cobra en una cuenta personal, depende de una unidad en la que prestar un servicio, lo que generalmente deriva en un sometimiento político.

No hace falta que nadie lo diga: se ve en cada marcha largas columnas de organizaciones integradas por esos beneficiarios sin demasiada cara de entusiasmo. Y más allá de ese liderazgo político impostado por los recursos derivados de su necesidad, aparece el casillero del traspaso de plata. Nadie lo dice, pocos lo denuncian: hay que ser muy audaz para ir ante la policía o un juez a declarar que algún puntero de su barrio, al que ve todos los días pasar, le pidió plata para mantenerle los planes. Aún así, ocurre.

Lo reconoce la propia funcionaria que no puede contar la cantidad de planes. La propia Romina Albarracín dijo: “Sabemos que normalmente hay presión, pedidos de dinero a las marchas para no estar en la lista roja. Nosotros pedimos que denuncien porque es un delito. No podemos desconocer que existen y que el Estado debe recuperar el control”.

¿Listas rojas?, ¿recuperar el control? A confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, no hace falta aportar nada más para verificar que esas exigencias de dinero existen y que el propio Estado cedió el manejo. Lo que sucedió es que a medida que se iba incrementando la cantidad de planes (equivalente a la mitad del sueldo mínimo, es decir $19.000), los gobiernos fueron entregando a las organizaciones la potestad de subir y bajar planes.

Les dieron un tremendo poder: ellas son las que elaboran un informe mes a mes con los que presuntamente cumplieron con la contraprestación de un trabajo de 4 horas diarias (la mitad de un régimen habitual) en la economía popular. Es decir, ellos son los que auditan y dicen éste sí y éste no. Y en eso se apoyan para exigir dinero a cambio u obligar a asistencias a marchas.

Si cumplen o no los beneficiarios con 4 horas de trabajo diario, profesión de fé. Cada cual es libre de interpretar, según los datos disponibles. Si se pone esfuerzo en evitar un doloroso manejo de los necesitados, parece más claro aún. Salvo que uno se haga el distraído.